El fiasco de la televisión local en España y el nuevo experimento británico

Por un breve instante, la sonrisa de fábrica del ejecutivo publicitario se borró de su broceado rostro, dejando entrever una cierta incomodidad:” ¡Es imposible que los números cuadren!”, exclamó, elevando el tono de voz, “Ese mercado, sencillamente, ¡no existe!”.

El resto de asistentes a la reunión comparaba las magras previsiones de ventas del departamento comercial con las agresivas proyecciones financieras del plan de negocio que garantizaban la consecución de la estabilidad económica. Efectivamente, las cifras de ingresos no sólo no se parecían sino que se encontraban a una distancia sideral.

La historia es real y sucedió allá por el año 2006. Es muy probable, además, que sucediera en más de una ocasión y más de un lugar. El asunto en discusión no era otro que el de la decisión de participar en los diferentes concursos de televisión local publicados por las Comunidades Autónomas al amparo del Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital Terrestre,  aprobado por el Gobierno de Zapatero a finales de julio de 2005. Esta ley, junto con el reglamento de desarrollo,  concedió a los gobiernos regionales la potestad de adjudicar cientos de licencias locales en multitud de ciudades y pueblos españoles.

La intención era, probablemente, buena: durante los años 90, una ingente cantidad de minúsculos operadores locales inundaban las frecuencias con emisiones consideradas “alegales” debido a la falta de una regulación precisa sobre la materia. Los contenidos de dichos canales solían ser, en el mejor de los casos, bastante prescindibles, cuando no directamente ilícitos o piratas, abundando los programas de contactos o los anuncios de prostitución y juego ilegal. La norma, por tanto, intentaba ofrecer una solución a este lamentable desorden aprovechando el cambio de sistema (de analógico a digital), a la vez que profesionalizar el sector y controlar los contenidos que se emitían. La ejecución, sin embargo, ha resultado uno de los mayores fiascos de la historia audiovisual reciente.

En este caso, como tantas otras veces, el regulador confió a técnicos expertos exclusivamente aquellos aspectos meramente tecnológicos, dejando en manos de burócratas inexpertos, el diseño y la reglamentación del funcionamiento del sector y de la operativa. El resultado fueron unos pliegos concursales demenciales, que ignoraban lo más básico del negocio, desde cómo se vende la publicidad en televisión y a quién,  cómo se adquieren y producen los contenidos y cuáles son sus costes. Entre los errores garrafales de todo el plan, destacaban: demarcaciones territoriales completamente inviables por su escasa población (donde era literalmente más barato enviar una cinta de vídeo a cada hogar que emitir), demasiadas frecuencias por demarcación (todos los ayuntamientos podían explotar una), exigencias imposibles a los prestatarios (como la obligación de doblar a la lengua autonómica un exagerado número de horas de contenidos) o la prohibición de emitir en cadena (lo cual habría aligerado sensiblemente los costes y, quizá, permitido la viabilidad de algún operador). A todo ello había que unir la absurda obligación de presentar al concurso la parrilla de contenidos que se iba a emitir, que era ya la demostración palpable del profundo desconocimiento del legislador sobre la operativa de un canal de televisión, donde la parrilla es, probablemente, los más vivo y dinámico de todo el negocio.

El resultado es de sobra conocido: no se conoce ningún canal local rentable, la mayoría ni siquiera han comenzado sus emisiones, o mucho peor, contraviniendo flagrantemente sus obligaciones, han alquilado la frecuencia a otros operadores de oscura reputación que han vuelto a sembrar las ondas de contenidos de más que dudoso interés y procedencia. Para redondear el fiasco, la supervisión pública sobre tan caótico sector ha sido prácticamente nula y no se conoce de ninguna iniciativa por parte de la Administración de intentar poner orden en tamaño desaguisado, convirtiendo así en más que lícita cualquier cuestión relativa a la necesidad y eficacia de tanto comité y consejo de supervisión audiovisual como se ha constituido en los últimos tiempos.

El experimento británico

Hace dos años, Reino Unido lanzó un plan de televisiones locales con el fin de crear este servicio en determinadas demarcaciones. Por el momento se han concedido 19 licencias que comenzarán sus emisiones este próximo Noviembre. El plan contempla ampliar otras 30 demarcaciones a continuación. Para el desarrollo de la red de cobertura se ha seleccionado a la empresa Comux, que cuenta con una ayuda de 25 millones de libras aportadas por la BBC.

Por el momento el experimento parece más razonable que el español, donde  aparecieron cientos de demarcaciones de la noche a la mañana. En este caso, cada nueva demarcación viene precedida de un estudio comercial y demográfico, concediéndose además una única licencia en vez de tres o cuatro, como en el caso español. Actualmente además, el mercado publicitario británico crece ligeramente en vez de caer a plomo, como en nuestro país. No hay que olvidar tampoco que el tejido industrial británico y el tamaño de las empresas, potenciales clientes publicitarios, presentan cifras muy superiores a las nuestras.

Hay incertidumbres, no obstante. Algunas clásicas, como las posibilidades que un canal de televisión de bajo presupuesto tiene de competir con las grandes cadenas para ganar el suficiente peso específico y así resultar relevante para los planificadores publicitarios. Y esto, no parece que vaya a ser fácil en ningún caso para un mercado tan maduro y competitivo como el de Reino Unido, donde además, la televisión de pago tiene cifras de penetración cercanas al doble que las españolas. También existen nuevas incógnitas, tales como que el acceso a contenidos on line del año 2013 no tiene nada que ver con el que existía hace cinco o seis años, habiéndose convertido internet y las nuevas plataformas en el principal producto sustitutivo de la televisión tradicional.

El diseño de la televisión local en Reino Unido tiene poco que ver con el que se hizo en España y parece que ha sorteado la mayoría de los graves errores que aquí se cometieron. Tampoco las circunstancias económicas del país son parecidas a las nuestras. No obstante cabe preguntarse si, a pesar de todo, esta iniciativa no llega demasiado tarde, cuando la televisión tradicional ha perdido hace tiempo la posibilidad de liderar ningún proceso de cambio audiovisual. A mi modo de ver, es como si alguien intentara lanzar hoy un periódico dotando a todos sus redactores de máquinas de escribir.

El tiempo dará y quitará razones.